Caja Madrid concedía préstamos a clientes sin capacidad de pago

Fuente: Portada de EL PAÍS

La investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional contra los ejecutivos de Bankia por presunta estafa empieza a mostrar cómo años antes de la creación de este banco tras la fusión de diversas cajas, años antes de su salida a Bolsa y años antes de que se cambiaran las normas sobre provisión de riesgos, su principal activo, Caja Madrid, ya hacía aguas. En 2009 y 2010, el Banco de España realizó sendas inspecciones sobre dicha caja y halló notables irregularidades y graves riesgos en su gestión, que consideró poco profesional.

Los informes de la inspección, incorporados al sumario abierto en la Audiencia, recalcan que las bases del gran problema financiero detectado se habían creado entre 2003 y 2007. Durante esos años, Caja Madrid se metió en una creciente espiral de concesión de créditos a la promoción inmobiliaria y a la adquisición de viviendas sin una correcta evaluación de riesgos. “Resulta patente el fracaso que se ha derivado de haber hecho pivotar la expansión de la caja en una política crediticia basada en conceder préstamos por un valor superior al 80% de la garantía (…) donde no funcionaban los filtros; se concedían préstamos para quienes, de hecho, no tenían capacidad de pago”, denuncian los inspectores.

El Banco de España reseña en su informe de 2010 que las cajas que se fusionaron para crear Bankia habían solicitado 4.465 millones en 2010 al FROB. Caja Madrid acumulaba ya entonces riesgos dudosos por 7.282 millones y riesgos subestándar por 6.254 millones. El perfil de Caja Madrid que describen los inspectores es inquietante: “Entidad con solvencia ajustada y rentabilidad decreciente. Morosidad elevada con tendencia al alza, que se sitúa por encima del grupo, debido principalmente a la cartera hipotecaria minorista y el peso significativo del riesgo promotor. El deterioro de la cartera crediticia es fruto de los excesos cometidos entre 2003 y 2006 (plan estratégico) que supuso un incremento medio de inversión del 22%, centrado en el riesgo inmobiliario, que es donde están los principales problemas. La financiación a promotores asciende a unos 18.000 millones, con un ratio de incumplimiento del 20%, de los que 5.200 millones son financiación de suelo y más de 7.000 son promociones”.

Los inspectores llegaron a cuestionar el perfil político de los gestores de la caja. “Resulta recomendable un consejero delegado del sector bancario en la medida que la estructura actual de directores generales adjuntos en torno a un presidente ejecutivo con un perfil no bancario no ha dado buenos resultados”.

En la última inspección que obra en el sumario, realizada entre el 31 de marzo de 2009 y el 30 de septiembre de 2010 —por tanto, afecta a las presidencias de Miguel Blesa y de Rodrigo Rato—, el horizonte descrito vuelve a ser negro. “De la revisión de inversión individualizada se detectó la necesidad de reclasificaciones de riesgos a activos dudosos por 1.297 millones y a la categoría de subestándar por 1.425 millones, que suponían necesidades de saneamiento adicionales para la cobertura de dichos riesgos por 577 millones, quedando pendientes de contabilizar 223 millones a dudosos, 225 millones a subestándar y la constitución de 110 millones de fondos de insolvencias”, señala.

El informe, que acabaría siendo el diagnóstico de una enfermedad terminal, revelaba otros graves síntomas: “De la revisión estructural del resto de las carteras crediticias se identificaron pérdidas esperadas en un escenario temporal de dos años por importe de 4.983 millones, de los que 3.020 millones se corresponderían con los acreditados más problemáticos, cuyo reconocimiento futuro supondría un nivel elevado de incertidumbre sobre la capacidad de absorción de las mismas por las cuentas de la caja. Por último, de la revisión de los fondos de comercio de participaciones permanentes y la valoración de una participada clasificada como cartera disponible a la venta se requieren saneamientos adicionales en la cuenta de resultados por importe de 548 millones”. Estas eran las cifras negras a fines de 2010. ¿Pero cómo se llegó aquí? Los funcionarios del Banco de España lo desgranan con crudeza en ambas inspecciones.

  • Financiación a promotores. La política de Caja Madrid en este capítulo “persigue en la mayoría de los casos una solución temporal de problemas de viabilidad de muchos grupos promotores, mediante la concesión de carencias de principal, activación y refinanciación de intereses pendientes de pago y en algunos casos se concedieron carencias de intereses. No existe una política de refinanciación documentada y aprobada al nivel adecuado”.
  • Agresiva política comercial sin evaluar riesgos. Los inspectores anotan que “la ratio de morosidad de cartera a 30 de junio de 2010 es del 4,7% después de alcanzar un máximo del 7,6% en junio de 2009, muy por encima de los ratios medios del sector cajas y bancos (2,7% y 2,3%). Este diferencial en el ratio de morosidad trae causa de la agresiva política comercial de la caja durante los años 2004 a 2006, debilidades en la evaluación de la capacidad de pago y políticas de admisión de operaciones que forzaron implícitamente el resultado de la herramienta de scoring [evaluación de los riesgos del solicitante]”.
  • Cartera refinanciada. La cartera refinanciada, 5.174 millones a junio de 2010, presentaba “un perfil de alto riesgo al concentrarse en los años más problemáticos (2005-2007), con un porcentaje alto de impagos”. Y en este punto se veía que los créditos se habían concedido mal porque no existían la debida documentación de los ingresos actuales, no se actualizaban sus riesgos, ni las tasaciones.
  • Tasaciones irreales e irregulares. Buena parte de los riesgos sufridos en la concesión de créditos surgía de las irregularidades y debilidades en los procedimientos de Caja Madrid a la hora de verificar las garantías reales y las tasaciones. “No existen procedimientos para la revisión del valor de las garantías, la base de las garantías no dispone de información suficiente para realizar una actualización de valor de las mismas, aunque dispone de una base de tasaciones que permitiría completarla adecuadamente, se utiliza en la valoración de adjudicaciones tasaciones de Tasamadrid, sociedad que no cumple el requisito de independencia al pertenecer al grupo de la caja, y deficiencias en la calidad de las tasaciones (principalmente de terreno), y errores en el reflejo de sus datos en el fichero de garantías”.Pero estas graves fisuras sobre la fiabilidad y estabilidad de Caja Madrid no las emitía por vez primera el Banco de España tras su inspección entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010. Un año antes llegó a las mismas conclusiones, tras una inspección girada entre marzo y septiembre de 2009, por tanto, un año antes de la fusión para crear Bankia: “Caja Madrid presenta unos ratios de morosidad muy elevados, especialmente motivados por la cartera hipotecaria minorista y la cartera de riesgo promotor (esta última influenciada por Martinsa)”.
  • Respuesta muy tardía. “Hasta el 2007 el modelo de scoring (sistema de evaluación automática de solicitudes de operaciones de crédito) no contemplaba como factores diferenciadores del riesgo ni el canal de entrada ni la nacionalidad del acreditado y que informes de auditoría interna reiteran en estos años una deficiencia en la información sobre la capacidad de pago del acreditado, ha derivado en una cartera hipotecaria de alto riesgo que, en ciclos de recesión como el actual, explican la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema. Respecto del problema de calidad de datos opinamos que se ha tardado excesivo tiempo en reaccionar ante el problema detectado ya en 2006”.
  • Créditos forzados. El informe detalla que mientras se consideran como operaciones forzadas [que formalmente debieron rechazarse] un 11,6% de la cartera, el saldo incumplido se elevaba a un 29%. “El equipo inspector halla incongruencias entre los criterios y justificaciones dados por la entidad sobre las operaciones forzadas y la evolución cada vez más negativa de éstas”. “Parece que se han adoptado las medidas oportunas en cuanto a políticas de scoring, pero demasiado tarde”. “Queda la duda del nivel de aprobación de estas políticas de scoring y de los documentos donde quedan reflejadas, así como de la información que se le pasa al Consejo o a un órgano superior, dado que no se ha recibido ningún documento de políticas y en las actas del Consejo no se ha leído nada acerca de este tema”.
  • Tasaciones inadecuadas. La mala tasación de los bienes involucrados en las operaciones de Caja Madrid tiene diversas consecuencias negativas. Cuando se produce una readecuación de operaciones para buscar mayores garantías sobre el cliente, se choca con el hecho de que se mantienen las tasaciones originales, “realizadas en pleno auge inmobiliario y, por tanto, sobrevaloradas”. En este capítulo se observaba que las tasaciones de activos recibidos como dación en pago eran muy superiores al valor de tasación fijado antes de venderlos. Solían bajar un 30%. “Dicha situación da lugar a que se sobrevalore el activo en el momento de su registro y se infravalore la pérdida”.
  • Riesgo promotor. “A 31 de diciembre de 2008 el riesgo promoción [créditos a promotores inmobiliarios] dispuesto ascendía a 22.915 millones, lo que representa el 18,4% del total riesgo crediticio. El ratio de morosidad alcanzaba el 10,92% frente al 5,50% general de la entidad y el 3,80% del grupo de comparación; si se incluyen los riesgos calificados como subestándar, el ratio de morosidad corregida que se obtendría será el 14%”.
  • Adquisición de activos. “Se han detectado deficiencias de mediana importancia en los controles de seguimiento del riesgo promoción, siendo la más destacable el deficiente control de las operaciones refinanciadas”. Por otro lado, “Caja Madrid no dispone de políticas en lo que respecta a adquisiciones de activos a promotores, realizándose las actuaciones ad hoc. Estas adquisiciones”, añade el documento, “están alcanzando cifras muy importantes, desbordando completamente las previsiones, constituyendo una política de huida hacia adelante para dotar de viabilidad provisional a los acreditados afectados”.
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