Nuevas identificaciones y nuevo aluvión de apoyos. #YoPromuevo25s

Fuente: Coordinadora #25s

Dos furgones de la Policía Nacional han vuelto a irrumpir hoy en la asamblea de la Coordinadora en El Retiro sobre las 12:20. Unas 30 personas hablando en un parque sobre asuntos de política han sido rodeadas y obligadas a identificarse. La respuesta de los agentes ante nuestras preguntas ha sido que “hay diligencias abiertas en la Audiencia Nacional”. Reiteramos todo lo que dijimos el pasado domingo. Y nos vemos el martes, junto con miles de personas, en los alrededores del Congreso.

La asamblea estaba siendo retransmitida en directo. En este fragmento, a partir del minuto 2, puede verse cómo han empezado las identificaciones.

Los policías han recogido los carnets mientras continuábamos con la asamblea. A la hora de devolverlos, uno de ellos ha tenido la ocurrencia de nombrar uno a uno los nombres de los DNI recogidos delante de la cámara que estaba realizando el streaming. Ante la negativa de los participantes a identificarse delante de la cámara, el susodicho ha dicho: “Bueno pues lo vais a buscar a comisaría”. Afortunadamente, un compañero de Legal Sol estaba allí y ha mediado para que se nos devolvieran respetando nuestra privacidad, como lógicamente debía hacerse.

La noticia ha corrido por redes sociales y miles de personas se han autoinculpado de promover el 25s en Twitter (donde en estos momentos el 25s es de nuevo trending topic). Desde que el Gobierno intensificara su campaña de criminalización, los apoyos y la repercusión mediática del 25s no han dejado de crecer. Reiteramos nuestro agradecimiento a la Delegación del Gobierno y al ministerio de Interior por contribuir a la difusión de la protesta.

Esta tarde, las personas identificadas irán a los juzgados de Plaza de Castilla para interponer una denuncia contra los funcionarios policiales que han efectuado las identificaciones (al igual que hicimos el domingo pasado). Citamos dos artículos interesantes del Código Penal:

Artículo 540:
La autoridad o funcionario público que prohiba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años y multa de seis a nueve meses.
Artículo 542:
Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.

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