Los impagos de las administraciones arruinan a las ONG

Fuente: 3500 Millones

Esta entrada ha sido escrita por Mercedes Ruíz-Giménez, Presidenta de la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo-España.

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Niños sursudaneses construyen juguetes en el campo de refugiados de Yida. Foto: © UNHCR/K. Mahoney.

 

Si algo quedó tras
las explicaciones del gobierno sobre los Presupuestos Generales para 2013 es
que el pago de los intereses de la deuda se comerá el presupuesto de los
Ministerios. Con previsiones de aumento de la deuda de hasta el 80% del PIB
para el próximo año, el panorama para la cobertura de los servicios sociales no
se presenta muy halagüeño. Nada se especificó sobre las partidas de cada uno de
los Ministerios y tendremos que esperar a la próxima comparecencia para poder
realizar un análisis detallado; pero todo apunta a que, por encima de la
garantía de los derechos ciudadanos, primará el pago de una deuda contraída de
manera ilegítima. Cabría preguntarse por qué el gobierno se empeña en pagar
algo ilegítimo mientras ignora las deudas contraídas de manera legal. 

Si el presupuesto
se destina a pagar los intereses de la deuda (intereses que deberíamos saber,
en pro de la transparencia, en manos de quién acaban), será imposible garantizar
las políticas públicas. En nuestro caso nos preocupa especialmente la cooperación
al desarrollo cuya supervivencia está ahora en la cuerda floja, no sólo por la
caída del presupuesto desde el año 2009, sino también por “otras formas de
recortes” que están sufriendo las ONGD y que agravan más si cabe, la ya
comprometida situación en la que se encuentran. Dónde quedan los compromisos asumidos
internacionalmente al respecto, dónde quedan el Pacto de Estado firmado por los
partidos políticos para garantizar que la cooperación es una política pública.
Las consecuencias sobre millones de personas con quienes trabajamos pueden ser
terribles.

Al hablar de “otras
formas de recortes” nos referimos a retrasos de hasta cinco años en el pago de
subvenciones ya concedidas, a no abonar segundos plazos de proyectos ya
aprobados, a requerir la devolución de fondos ya concedidos o incluso a no
reconocer la deuda contraída.

Las ONGD se
enfrentan día a día a la realidad, cada vez más extendida, de Administraciones
Públicas que no sólo no pagan lo que deben, sino que además,  se ingenian nuevas modalidades para recaudar
dinero de las propias ONG con quienes están en deuda (legítima). Se trata de un
bucle cínico que demuestra su afán recaudatorio. 

Esta combinación
de prácticas es asfixiante para muchas ONGD que, confiando en la Administración
y cumpliendo con los compromisos adquiridos, adelantaron con sus propios fondos
la subvención aprobada. Se dan casos en los que incluso se ha llegado a
solicitar créditos para garantizar que los proyectos siguen adelante. Estas
ONGD se enfrentan ahora una situación francamente preocupante porque no
cobrarán las cantidades que se les deben en dos o tres años -y eso en el mejor
de los casos.

Una situación
parecida viven muchísimas empresas que contrataron con la Administración la
prestación de un servicio o la ejecución de una obra y que ven cómo pasan los
días sin que les abonen las cantidades comprometidas, a pesar de que el
servicio esté prestado o la obra, finalizada. Sin embargo, en el mes de marzo
el gobierno dio un primer paso hacia la resolución de esta situación aprobando
un Real Decreto (RD 7/2012) por el que se creaba un Fondo para la Financiación
de los pagos a proveedores. A través de este mecanismo, todo aquel que tuviera
la condición de acreedor de una Administración, siempre que su deuda estuviera
amparada en la Ley de Contratos del Servicio Público, podía ver una luz al
final del túnel.

Pero, ¿qué pasa
con las deudas que derivan de la concesión de una subvención, como es el caso
de proyectos de cooperación al desarrollo, proyectos culturales, educativos o científicos?, ¿son menos deudas unas que otras? La verdad es que la
respuesta depende del lado desde el que se mire. Quien recibe una subvención
está igualmente obligado que quien firma un contrato con la Administración, de
hecho si por cualquier motivo no es posible realizar toda o parte de la
actividad subvencionada, es necesario devolver los fondos y en algunos casos,
incluso con intereses. Pero esta lógica no funciona a la inversa. La
Administración puede revocar una subvención, declararla prescrita, ingresarla
cinco años más tarde e incluso no ingresarla, sin que hasta el momento, se les
haya impuesto ninguna penalización. Para ser fieles a la verdad, es posible que
las entidades afectadas inicien el arduo camino que supone recurrir un acto de
la  Administración, asumiendo el
señalamiento futuro que probablemente derive de su decisión, pero la realidad
nos muestra que para cuando llega el momento de hacerlo, la mayoría no tienen
ni medios ni capacidad para lanzarse a la arena judicial.

Una de las
situaciones más sangrantes se produce cuando se declara la prescripción de la
deuda contraída. Tal es el caso del Ayuntamiento de Móstoles que ha prescrito
las subvenciones comprometidas con las organizaciones antes de 2007. Esta
situación ha afectado directamente a la ONGD Proyecto Solidario, concretamente
a uno de sus proyectos con infancia en Bolivia, del año 2007. Un proyecto que
ha sido realizado íntegramente con fondos de la organización que incluso ha
hecho todos los informes pertinentes y que ahora se encuentra con la
prescripción de esta deuda. Esta organización y otras afectadas por la misma
situación han presentado un recurso ante el Ayuntamiento de Móstoles sin que,
hasta el día de hoy, hayan tenido respuesta.

Poco margen de
actuación tienen las más de 80 ONGD y sus más de 100 proyectos  afectados por esta situación, para hacer
frente al argumento de la insuficiencia de crédito, esgrimido al unísono por
muchas Administraciones Públicas españolas. Y mucho menos si tomamos en cuenta
que algunos gobiernos, sin ningún tipo de reparo, se niegan a reconocer la
deuda contraída por el equipo de gobierno anterior o declaran prescritas las
deudas que tenían pendientes. De esta manera borran de un plumazo a las ONGD de
la lista de acreedores. Ya no ocupan ningún lugar en la lista, ni siquiera el
último. Desaparecen. Nos preguntamos, ¿por qué se actúa así con deudas
contraídas con las ONGD y no se hace algo similar con esos deudores ilegítimos
a los que dedicamos el 80% del presupuesto del Estado?

El resultado de
esta situación para muchas ONGD es la condena a ocupar sus últimos meses de
existencia en paliar al máximo la repercusión que esto tiene sobre la población
empobrecida con la que trabajan, en responder a sus organizaciones socias en
terreno que esperan todavía su apoyo,  en
amortizar la deuda con los bancos que en su día les concedieron un crédito, y en
dar una respuesta satisfactoria a sus trabajadores y trabajadoras que esperan
recibir una indemnización por su despido. Y todo esto, por confiar en que el
compromiso asumido por los gobiernos en el momento de aprobar una subvención es
incuestionable. ¿Tendremos que decirle a partir de ahora a la ciudadanía que
por su bien, es mejor no confiar no sólo en lo que dicen, sino también en lo
que hacen los gobiernos?

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