Fuente: elplural.com – Periódico digital progresista
Hay más de cien mil afectados por la estafa de las preferentes en toda España y muchos de ellos han decidido recurrir a los juzgados de instrucción para demandar a directores de oficinas bancarias por presunta estafa. A su vez muchos de los directores de sucursales bancarias que vendieron participaciones preferentes están estudiando a su vez demandar a sus jefes, a la cúpula de la banca, por obligarles a vender esos productos.
Coordinar acciones
Cinco despachos de abogados han puesto en marcha una iniciativa para coordinar las demandas de los pequeños ahorradores atrapados en la trampa de la las preferentes. La estrategia que se seguirá es presentar denuncias a título individual y por vía civil para acortar los plazos de los procedimientos. Unos doscientos afectados han dado poderes ya a los bufetes para que les representen y para esta tarde está convocada una reunión en un hotel madrileño para unificar la estrategia e informar al resto de afectados.
Estos bufetes de abogados consideran que las demandas colectivas promovidas por asociaciones como Ausbanc o Adicade tienen el incoveniente de que el caso de cada perjudicado es distinto a los demás y por eso hace difícil que prosperen judicialmente. Sin embargo las demandas individuales sí están funcionando.
Jarro de agua fría de la Fiscalía
Las declaraciones efectuadas por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, en las que descarta que la venta de preferentes y subordinadas fueran un delito de estafa, supusieron un jarro de agua fría porque implicaría librar de responsabilidades a los bancos. Pero los afectados no se resignan y a la inciativa de los 5 bufetes de abogados se suma la que ya han puesto en marcha la Federación de Cuadros y Profesionales de Cajas de Ahorro y el Sindicato de Accionistas de Bankia, que representan a empleados y familiares de esa entidad que también suscribieron preferentes.
El Gobierno dice que tendrán que perder dinero
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho en varias ocasiones que los ciudadanos que hayan comprado preferentes, aún cuando se demuestre que fueron engañados, tendrán que asumir que van a perder dinero, no ya los intereses prometidos sino que ni siquiera recuperarán lo que invirtieron. Eso sí, el Gobierno dice que esa ‘pérdida’ es una exigencia de Bruselas.
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